Roberto Morales Ayala / Agencia Informativa Alor Notícias
A Anna el dolor, la humillación y la frustración le laceraban las entrañas, pero ella decidía guardar silencio.
Días antes, en el momento que decidió dar los primeros pasos para liberarse de la vida plagada de golpes e insultos a la que la tenía sometida su pareja; nunca imaginó que habría algo peor… el uso de sus propios hijos para chantajearla y denostarla hasta hacerla parecer culpable, ante propios y extraños, y obligarla a seguir viviendo en ese infierno…
La historia de Anna, es la historia de miles de mujeres, aunque la Violencia Vicaria ya es visibilizada y tipificada como delito en algunos estados de México… en Veracruz, no.
Esta forma particular de violencia contra las mujeres se ejerce cuando un hombre, buscando dañar a la mujer, lo hace a través de lo que ella más ama: sus hijos. El daño se inflige a través de terceros. En la mayoría de los casos, a este tipo de violencia le preceden amenazas y un lenguaje que apunta hacia un “te voy a dañar donde más te duele”. En su forma más extrema, puede llevar al asesinato de los hijos.
La violencia vicaria, reconocida como una forma de violencia de género a nivel nacional, aún no figura en la legislación de Veracruz, a pesar de la importancia y urgencia de su tipificación.
Legisladores van y vienen, les preocupa su permanencia en el poder por la influencia y el dinero, no por y para servir a la sociedad. Esa omisión, hasta ahora, se puede problematizar como una omisión, porque resulta en un tipo de violencia ya que limita los alcances de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La carencia de planes de intervención y protección por parte de las autoridades para los hijos e hijas en casos de violencia vicaria supone un alto grado de vulnerabilidad y riesgo para los menores de edad.
A la fecha, el único delito relacionado con la violencia vicaria es la sustracción de menores, penalizado en el artículo 241 del Código Penal Estatal. La gravedad y el alcance de este delito se observan en las más de 9,600 investigaciones estatales por sustracción o retención de menores en Veracruz entre 2012 y abril de 2022.
De acuerdo con la investigación “La violencia vicaria. Acciones desde el legislativo federal y local para su prevención y erradicación”, publicada por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, la violencia vicaria “vulnera los derechos de la infancia, que son derechos humanos”.
El análisis destaca que, desde una perspectiva de género, la violencia vicaria se ubica en el grupo de las violencias ejercidas contra las mujeres a través de los hijos. Vista desde la perspectiva del interés superior de la niña, niño y adolescente, este tipo de violencia constituye una vulneración a los derechos humanos de este grupo poblacional.
La violencia vicaria es una de las formas más crueles de violencia en el seno de la familia, en la medida en que el agresor conoce el inmenso dolor que va a producir a la madre. En estos casos, no solo hay una víctima, la madre, sino también las niñas y niños que se convierten en víctimas directas del maltratador.
A partir del 18 de enero de 2024, la violencia vicaria está tipificada en todo el país. Sin embargo, a la fecha no se cuentan con datos sobre los casos de violencia vicaria en Veracruz, ya que el estado no se ha sumado a las entidades que han legislado para sancionar y prevenir este tipo de violencia, a pesar de los intentos en el Congreso local.
Durante el año 2023, se presentaron dos proyectos de decreto en el Congreso del Estado con el objetivo de que el marco jurídico reconozca este tipo de delito y establezca medidas preventivas, así como sanciones aplicables. Ninguna de las propuestas logró ser dictaminada por el Congreso de Veracruz.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en su encuesta nacional, observó que 9 de cada 10 agresores cuentan con formas de bloquear los procesos legales de la víctima y/o recursos que favorecen los fallos a su favor. El 81 por ciento cuenta con recursos económicos, el 67 por ciento recurre al alargamiento del proceso legal, el 58 por ciento usa el tráfico de influencias y el 18 por ciento, ostentando un cargo público, busca frenar el proceso legal de la víctima.
Los agresores son apoyados en los abusos hacia las víctimas principalmente por su familia nuclear (padre o madre), así como por sus parejas actuales. De igual forma, las instituciones escolares, a través de maestros y directivos, bloquean el acceso a los niños, promovidos por el agresor.
Las víctimas de violencia vicaria sufren violencia psicológica, física, patrimonial y económica. Dentro de las verbalizaciones declaradas, las víctimas reciben golpes, son despojadas de sus casas, no se les cumple con la pensión alimenticia o son demandadas por abuso y violencia infantil.
Los procesos penales están enfocados principalmente en la violencia familiar y la violencia contra menores. En promedio, las víctimas dedican 15 horas a la semana a atender los procesos legales. Durante los procesos, que en promedio oscilan entre 1 y 1.5 años, la víctima dedica una tercera parte de una jornada laboral a la semana en atender temas legales, juicios y demás procedimientos para la recuperación de los menores, lo que genera desgaste emocional, físico y psicológico.
En el 80 por ciento de los casos, las víctimas son separadas de sus hijos de forma inesperada y con previas amenazas, sin tener contacto con los menores.
Otro dato importante es que las víctimas no se sienten protegidas por las autoridades e instancias a las que han acudido para denunciar la sustracción y la violencia recibida. Las autoridades alargan los procesos y bloquean el seguimiento a los juicios, lo que afecta al 48 por ciento de las víctimas, quienes enfrentan procesos penales y civiles.
A pesar de declarar que saben a dónde o con quién acudir, la personas afectadas no cuentan con una orientación correcta sobre los procesos, las instancias y las instituciones que apoyan y protegen a las víctimas.
Del 68 por ciento que ha denunciado la sustracción de menores, el tiempo promedio del proceso es entre 1.0 y 1.5 años, asociado al tiempo de la sustracción.
Las principales causas por las cuales 7 de cada 10 víctimas han denunciado a sus agresores son: sustracción de menor, ocultamiento de menor, violencia doméstica, violencia de género, pensión alimenticia, abuso sexual, guarda y custodia, tráfico de influencias, robo, fraude y divorcio.
En conclusión, existe una oportunidad contundente para desarrollar una estructura de apoyo eficiente en términos legales, psicológicos y emocionales para las víctimas de violencia vicaria.
Es necesario y sobre todo, urgente, hacer cambios y ajustes a la ley, pero también se requiere una especial atención en las instancias e instituciones que apoyan a las víctimas, mayor y mejor claridad en los procesos, así como un correcto seguimiento a los procedimientos conforme a derecho.