Heidi Castellanos | Agencia Informativa Alor Noticias
Coatzacoalcos, Ver.– A seis años del ataque al bar Caballo Blanco, ocurrido el 27 de agosto de 2019 y que dejó cerca de 30 personas fallecidas, los familiares de las víctimas denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó de manera tácita la Recomendación 30/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual documentó graves violaciones en el trato a los cuerpos.
La recomendación acreditó que al menos 22 cadáveres fueron entregados en condiciones indignas, algunos en descomposición, sin refrigeración y con presencia de larvas, mientras que 17 familiares sufrieron revictimización durante el proceso. Ante ello, la CEDH exigía medidas de reparación integral como disculpas públicas, indemnizaciones, atención psicológica y revisión de protocolos forenses.
Sin embargo, la FGE, encabezada por Verónica Hernández Giadáns, no respondió en el plazo establecido, lo que constituye un rechazo a las observaciones. Frente a ello, los familiares han iniciado un proceso de impugnación y han llevado el caso ante instancias federales en la Ciudad de México.
“Ya hice la impugnación a la Fiscalía, pero la mandé directo a México. Ellos dicen que los protocolos se hicieron bien y que los testimonios son falsos. No vamos a quitar el dedo del renglón”, expresó América del Carmen, madre de una de las trabajadoras fallecidas.
La situación afecta directamente a los más vulnerables: al menos 30 menores huérfanos que quedaron bajo la tutela de abuelos y otros familiares, quienes aseguran atravesar serias carencias económicas y dificultades para garantizar alimentación, salud y educación.
En este sexto aniversario, las familias decidieron conmemorar en silencio y en espacios privados, cansadas del desinterés de las autoridades. “Son seis largos años de pelear. Vamos a ver quién se cansa primero”, declaró una de las madres.
Sobre este caso, donde la primera línea de investigación fue el “cobro de piso”, hay algunos detenidos, pero no mayor información sobre los avances de la investigación, ya que fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGE). Durante estos seis años el inmueble permanece con los daños de aquella noche y es vigilado por policías municipales las 24 horas.