José Vargas| Agencia Informativa Alor Noticias
Veracruz, Ver. — La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), Delegación Veracruz, obtuvo una sentencia condenatoria de 18 años de prisión contra Adrián “G” por su responsabilidad penal en el delito de transporte ilegal de personas migrantes con fines de lucro, agravado por involucrar a niñas, niños y adolescentes.
La resolución se logró en juicio oral luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) acreditara con pruebas contundentes la participación del acusado en los hechos ocurridos en julio de 2021, cuando fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) mientras transportaba de forma clandestina a 189 migrantes en condiciones de hacinamiento y alto riesgo dentro de la caja seca de un tractocamión con placas del Servicio Público Federal.
El aseguramiento tuvo lugar en el tramo carretero Choapas-Ocozocoautla, a la altura del kilómetro 45+500, en una zona de tránsito frecuente de personas migrantes que buscan llegar al norte del país. En el operativo, se identificó que del total de personas rescatadas, 114 eran menores de edad y 75 adultos; 185 eran de nacionalidad guatemalteca y cuatro originarios de Honduras. Ninguno pudo acreditar su legal estancia en territorio mexicano, lo que confirmó el carácter ilícito del traslado.
Las condiciones en las que se encontraron a los migrantes —con escasa ventilación, sin acceso a agua ni alimentos, y sin medidas de seguridad mínimas— evidenciaron un grave riesgo para su integridad física y emocional, particularmente en el caso de los menores de edad, lo que agravó la conducta delictiva.
El MPF presentó evidencia documental, pericial y testimonial que demostró que Adrián “G” operaba con la finalidad de obtener un beneficio económico mediante el tráfico de personas, al margen de la ley y con desprecio por los derechos humanos de las víctimas.
Tras valorar los elementos probatorios, el Juez de Control dictó una sentencia de 18 años de prisión, además de una multa económica equivalente a 15 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que representa una sanción superior a 1.5 millones de pesos. También se decretó la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el tiempo que dure su condena.
La Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con el combate al tráfico de personas, una de las manifestaciones más graves del crimen organizado transnacional, y continuará actuando con firmeza para castigar a quienes lucran con la vulnerabilidad de los migrantes, en particular cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.