Guadalajara, Jalisco.- El ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero, reveló hoy a Efeque el contenedor de refrigeración que fue recientemente abandonado con unos cien cadáveres en el oeste de México no es el único, sino que hay un segundo, que en total sumarían unos 300 cuerpos.
Este vehículo está ubicado en las instalaciones del IJCF, a diferencia del tráilerde refrigeración que fue abandonado en dos ocasiones en los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco, una decisión que no fue informada al forense, aseguró el exdirector, quien fue destituido ayer por el Gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
En una entrevista con Efe, Cotero dijo que en ambos camiones refrigerantes hay hasta 300 cuerpos que el IJCF no tiene la capacidad de resguardar, debido al aumento de la violencia en el estado en los últimos tres años.
“Están en los tráilers, uno es el que se exhibió en los medios y otro nuevo que se contrató por parte de la Fiscalía porque nosotros no tenemos recursos para contratar ese tipo de servicio, ni la bodega donde estuvieron. No fue de mi conocimiento, ni información”, aseguró.
El exfuncionario estatal dio a conocer que a la fecha hay 444 cuerpos de personas fallecidas en espera de ser identificadas o inhumadas en el Servicio Médico Forense, por lo que el IJCF hizo un esfuerzo para conservar hasta 144 de ellos, mientras que los restantes fueron confinados a ambos contenedores.
“La capacidad de los refrigeradores es de 72, pero tienen 144 porque había que forzar un poquito la capacidad; es demasiada la demanda de atención a estos cuerpos”, aseguró Cotero.
Agregó que al ver que los “cuerpos se estaban descomponiendo, la fiscalía tuvo la necesidad de contratar desde hace dos años ese (primer) camión refrigerante”, que en un inicio contenía 200 cuerpos, aunque fueron siendo identificados hasta llegar a un centenar.
El frigorífico, que oficialmente estaba bajo custodia del órgano forense estatal, fue abandonado en el municipio de Tlaquepaque y después movido a Tlajomulco hasta que el sábado fue puesto bajo resguardo de la fiscalía de Jalisco.
Cotero se deslindó de cualquier responsabilidad por el abandono de esos cuerpos y acusó a la fiscalía y al gobierno estatal de no hacer lo necesario para que los cadáveres estén preservados en refrigeradores adecuados o inhumados en un cementerio forense.
“Se estaba buscando un lugar decorosamente para inhumar los cuerpos una vez que se construyera un cementerio, pero a la fecha está suspendida la obra y no se tiene un lugar donde construir”, aseguró el exfuncionario.
Aseveró que con su destitución el “gobierno estatal se lavó las manos” para no afrontar su obligación y aseguró que la fiscalía no se ha preocupado por definir un protocolo para su trato y protección.
De acuerdo con estadísticas del IJCF, hasta julio de 2018 se habían registrado 552 asesinatos, y actualmente hay unas 3 mil personas en calidad de desaparecidos.
Tan sólo de junio a agosto de este año fueron encontrados los cuerpos de 49 personas en ocho fosas clandestinas en los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Juanacatlán y Guadalajara.
Las autoridades de Jalisco han atribuido el aumento de la violencia y el incremento en los asesinatos a una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Nueva Plaza.
COMISIONES DE DDHH INVESTIGARÁN
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) conformaron un equipo de trabajo, que incluye médicos forenses, psicólogos y abogados, para investigar el resguardo de los cadáveres.
Los organismos expresaron también “su total indignación por el trato inhumano” que se le dio a los cuerpos y exigieron a las autoridades correspondientes la investigación exhaustiva de los hechos para que los responsables sean presentados ante la justicia y reciban la sanción que conforme a derecho corresponde, ya que ese caso no debe quedar en la impunidad.
“Para ambos Organismos Públicos de Derechos Humanos, tales hechos representan falta de respeto a la dignidad de las personas fallecidas y vulneran sus prerrogativas fundamentales y las de sus familiares, quienes además tienen el derecho a conocer la verdad sobre la muerte de su ser querido, así como darle adecuada sepultura, conforme a sus creencias religiosas”, se lee en un comunicado.
Coincidieron también que el trato dado a los cuerpos “evidencia la falta de capacitación y sensibilidad de quienes realizaron o permitieron acciones distintas a las establecidas para el manejo y preservación de restos mortales”.
“Además, debe destacarse que el mal manejo de esos restos mortales tiene obvias consecuencias en materia de salud pública, ya que su traslado y condiciones bajo las cuales se realizaron las acciones mencionadas pueden tener efectos nocivos en la salud de los pobladores”, añadieron.
Y destacaron que este caso “evidencia la necesidad de establecer protocolos y normas de actuación unificadas en todo el país, de acuerdo con estándares internacionales, para el cuidado, preservación y manejo de restos humanos, así como la importancia contar con un banco genético y de datos, y revisar el marco normativo aplicable a los cementerios y lugares de inhumación a nivel nacional, así como los mecanismos para vigilar su cumplimiento y las sanciones a las que se hagan acreedores quienes infrinjan las disposiciones”.
Fuente: Sin Embargo