Heidi Castellanos | Agencia Informativa Alor Noticias
Minatitlán, Ver.– Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su administración es bien recibida por proveedores de Pemex en el estado de Campeche, y que se están saldando las deudas dando prioridad a las pequeñas empresas, en otros estados la realidad pinta un panorama muy distinto.
De acuerdo con los afectados, son más de 200 empresas proveedoras de servicios a Petróleos Mexicanos (PEMEX) en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas se encuentran al borde del colapso financiero ante la falta de pagos por parte de la paraestatal.
Los focos rojos están encendidos en municipios como Minatitlán y Coatzacoalcos, en Veracruz; Salina Cruz, en Oaxaca; y Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas. En estas regiones, las pequeñas y medianas empresas denuncian adeudos acumulados que superan los 4 mil 100 millones de pesos, comprometiendo la estabilidad de más de 2 mil trabajadores y amenazando con la quiebra de negocios locales que han mantenido empleos e inversión en sus comunidades.
Han detallado que las cifras son contundentes: en Veracruz, el monto por pagar asciende a mil 800 millones de pesos; en Tamaulipas, mil 500 millones; y en Oaxaca, 800 millones, todos dirigidos a compañías regionales que inyectan directamente su capital en las economías locales. Pese a las constantes protestas, manifestaciones y llamados a la intervención del gobierno federal, no hay solución a la vista.
Empresarios señalan que, mientras el discurso presidencial apela al optimismo y la aprobación ciudadana, en el terreno la falta de pagos por parte de PEMEX representa un desastre financiero que no se resuelve con promesas ni con declaraciones públicas.
“Recibí una carta de agradecimiento de los pequeños proveedores de Campeche que ya recibieron sus pagos de adeudos, se siguió una política que primero fueran los más pequeños que tenían adeudos y después poco a poco ir con las empresas más grandes”, expuso la presidenta.
Ante este panorama, la incertidumbre crece entre los generadores de empleo, quienes urgen a la administración federal a tomar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de los compromisos económicos, evitar el cierre masivo de empresas y frenar una crisis social y laboral que ya empieza a sentirse en las regiones afectadas.