Ciudad de México.- En las investigaciones sobre irregularidades cometidas por el gobernador con licencia, Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, se detectaron operaciones ilegales con recursos provenientes del erario veracruzano. En el desarrollo de las mismas, la información proporcionada por el gobierno electo en Veracruz fue relevante.
Detectados estos recursos, se procedió a iniciar una serie de procesos contra las empresas destinatarias de éstos. Dos de las empresas que los recibieron, una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales firmaron voluntariamente un convenio con la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), con lo que ambas instituciones están recuperando $ 421 millones de pesos que serán devueltos a la Tesorería del Estado de Veracruz.
El primer monto, corresponde a $ 250 millones de pesos, se encuentra listo para ser entregado a las autoridades veracruzanas, y el monto restante será transferido mediante exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente.
El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, declaró: “Estos $450 mpd recuperados, y que serán devueltos al gobierno estatal, son prueba de que la institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para, con herramientas modernas del nuevo Sistema Adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente”.
Esta Procuraduría desea resaltar dos aspectos primordiales:
1.- Las personas jurídicas son sujetas de investigaciones y como tal deben adoptar las medidas necesarias de control en su organización para evitar sean utilizadas, precisamente, para la comisión de cualquier ilícito.
2.- Independientemente de las sanciones de perdida de la libertad personal respecto de los principales autores de los actos criminales, esta Institución se ha enfocado al aseguramiento y recuperación de activos producto de hechos ilícitos.
Esta forma de actuación será una constante para evitar la impunidad y procurar la recuperación del producto del delito, por quien lo comete o se beneficia de este.