Ciudad de México, 7 de marzo de 2017.- Los privilegios, la falta de consecuencias y de funcionalidad de las instituciones no sólo mantienen y enquistan la desigualdad en México, también alimentan la situación de pobreza y generan desconfianza entre la ciudadanía, coincidieron este día los ponentes de la mesa de diálogo “Cohesión Social”, realizada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en la sede de la Academia Mexicana de la Historia en la Ciudad de México.
En México existen alrededor de 55.3 millones de personas (el 46.2 por ciento de la población) en situación de pobreza, reveló a finales del año pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ello debido a “problemas en los ingresos”, al aumento de los precios de los alimentos, y a la crisis económica por la que atraviesa el país.
A estos ciudadanos que sufren de carencia se suman 11.4 millones de personas que viven en pobreza extrema, menciona el Coneval en su Informe sobre Desarrollo Humano en México 2016.
“Lo que requerimos es un Estado como defensor de la reciprocidad, es decir, un gobierno que realice lo necesario para que su sociedad funcione adecuadamente y cuente con condiciones dignas de vida”, comentó Ana Laura Martínez, investigadora del Instituto Mexicanos para la Competitividad (IMCO).
“Es lo que deben reproducir las instituciones. Los ciudadanos debemos tener igualdad de oportunidades y de participación. El papel de los gobiernos es lograr que la gente pueda ejercer un derecho y laborar. Las instituciones en México están atentando en contra de la reciprocidad”, ahondó.
Los ponentes abordaron perspectivas y soluciones de la pobreza y la desigualdad en México, pues como manifestó Héctor Rubio, Coordinador de Innovación e Incidencia de Cohesión Social, “la pobreza debilita nuestra economía al generar situaciones clientelares en lo político-electoral, así como violaciones a los Derechos Humanos y violencia”.
Dentro de las medidas que desde la sociedad civil y las empresas se pueden realizar para frenar la ola de empobrecimiento en México, los exponentes incluyeron varios puntos, entre los que se encuentra la recuperación gradual del salario mínimo, la generación de empleos productivos de calidad, el fortalecimiento del mercado interno y las cadenas de valor, así como las acciones conjuntas para impulsar un gasto público eficaz que frene la corrupción y el uso clientelista y electoral de los programas sociales.
Para Eloy Rodríguez, Director General de Acción Social Empresarial (ACCSE), el diálogo con la ciudadanía y con los grupos de interés es “donde se encuentra la licencia social” para generar impacto social. “Si no conocemos las expectativas de las personas a las que afectamos no vamos a poder tener rumbo”, eso responsabilidad social, y “el gobierno no ha observado a la responsabilidad social como el móvil que lo lleve a una producción efectiva”, explicó.
En México, el ingreso de bienestar mínimo mensual por integrante de familia en las ciudades es de al menos mil 242.61 pesos, mientras que en el entorno rural es de 868.25, refiere el Coneval.
Asimismo, señala que en nuestro país sólo 33 millones de mexicanos ven satisfechos sus derechos de alimentación, salud, seguridad social, educación, y espacios y servicios básicos de vivienda. En contraste, 26.5 millones están privadas de al menos tres de estos derechos.
En ese sentido, los ponentes manifestaron que en México se puede hablar de una discriminación estructural que limita a ciertos miembros de la sociedad, situación que merma la movilidad social.
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Informe sobre Desarrollo Humano, es necesario cubrir tres aspectos básicos para acabar con la desigualdad social y la falta de movilidad social: incrementar el salario mínimo; la construcción y fortalecimiento de un sistema de protección social universal; y la creación de un padrón único de beneficiarios.
“La Ley no es igual para todos, las instituciones no están funcionando y no estamos acostumbrados a tener consecuencias en este país en los procesos de corrupción e impunidad”, opinó Francisco López, Director General de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Dijo que el 70 por ciento de las empresas están fuera de la formalidad, un tema que para los analistas presentes en la mesa de diálogo es en suma grave puesto que la informalidad es una ruptura en el sentimiento de participación de aquellos que se sienten o que han sido excluidos.
“El diseño fiscal en el país no fomenta la formalidad y genera incentivos para generar informalidad”, indicó Ana Laura Martínez. Sólo el 42 por ciento de los asalariados cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), detalló.
En su opinión, el problema es que aquella parte de la ciudadanía que paga impuestos “no siente que rindan frutos”, mientras que aquellos que no lo hacen se mantienen en situación de carencia y marginación. Además, recalcó que en el país “queremos cobrar tasas altas a salarios bajos” a la par que “el subsidio a impuestos desaparece en México en 7 mil pesos, cuando en países como Brasil llega hasta los 15 mil”.
Para la integrante del IMCO, hay correlación entre informalidad y pobreza, problemas que no hemos sabido resolver y que detienen nuestro desarrollo. No es casualidad que “los siete estados con más informalidad [en México] son los que tienen más pobreza”, aseveró.
Para Gerardo Castillo, Gerente de Investigación del Cesp, “existen dos Méxicos [el formal y el informal] y hay que tender puentes”. Desde su perspectiva, para incorporar al sector informal se requieren mecanismos institucionales y certidumbre jurídica. “El reto está en generar condiciones laborales dignas y garantizar el acceso a derechos sociales, como la seguridad social”.
Además, comentó que la inversión pública ha decrecido sistemáticamente (a 3.4 ó 3.5 por ciento) y que la privada (18 por ciento del PIB) no es suficiente para sacarnos adelante.
“El modelo de crecimiento económico no ha sido suficiente y hay que incluir a estos pequeños establecimientos porque así tendremos más posibilidad de generar ingresos […]. Se destina mucho al gasto corriente y poco a la inversión. Tendría que haber un impuesto generalizado y asegurarse de que los recursos se canalicen” para mejorar realmente las condiciones de vida de los mexicanos, indicó.
Finalmente, los ponentes concordaron en que la solución al problema de desigualdad y pobreza radica en el “empoderamiento de la sociedad”: más educación y generación de competencias para aumentar la producción y la riqueza nacionales. Gente más informada y consciente para decidir sobre las propuestas políticas y sociales que nos afectan a todos.
Fuente: Sin Embargo