Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Puebla para que se implementen medidas urgentes de frente al contexto de violencia feminicida en esa entidad.
La petición se suma a las que han hecho académicos, organizaciones no gubernamentales, además de senadores del PRD y Morena. También ocurre luego de que el pasado 12 de octubre, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) emitió solamente y por tercera ocasión recomendaciones al gobierno del estado de Puebla sobre el tema.
En un comunicado, la CNDH informó que hizo la solicitud ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cargo que ostenta el Inmujeres, dirigido por Lorena Cruz Sánchez.
Mediante un oficio suscrito el pasado viernes 20 de octubre, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió a Cruz Sánchez que en todo Puebla sea declarada dicha Alerta para que el gobierno poblano cumpla con su responsabilidad de atender la problemática de la violencia feminicida y garantice que todas las mujeres gocen de una vida libre de violencia.
La Comisión argumentó el hecho de que las defunciones por homicidio de mujeres en Puebla han aumentado desde 2013. No obstante, agregó, las averiguaciones previas iniciadas por feminicidio durante los últimos tres años han sido comparativamente pocas.
Según el registro hemerográfico que hizo la CNDH, tan sólo durante 2017 se habrían registrado hasta septiembre 83 feminicidios.
Y dijo: “Un solo feminicidio es alarmante, pero, como lo han registrado los medios, la frecuencia y número de muertes violentas de las mujeres poblanas son motivo para llevar a cabo acciones de emergencia”.
La CNDH también mencionó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) que reveló que la violencia que sufren las poblanas por parte de su pareja es superior a la media nacional -44.3%)- es decir que cuatro de cada 10 mujeres poblanas de 15 años o más han experimentado violencia por parte de su pareja.
Peor aún: 64.3% declaró haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, lo que implica que seis de cada 10 mayores de 15 años han sufrido violencia.
Según la CNDH, la gravedad de los casos pone de manifiesto la necesidad de que Puebla cuente con la Declaratoria de AVGM “y con ello se propicien las condiciones para la implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno al contexto de violencia feminicida presente en la entidad, teniendo en cuenta sólidos criterios metodológicos, presupuestales, de diseño, de ejecución y de evaluación”.
Algunos antecedentes
El pasado 5 de septiembre, la organización Todos para Todos solicitó de nueva cuenta emitir la AVGM, pero esta vez por la trata de personas que prevalece en el corredor Puebla-Tlaxcala. Tal petición fue admitida el 23 de agosto por la Conavim y se suma a otra que fue presentada hace meses por el creciente número de feminicidios cometidos en esta entidad.
El 18 de septiembre, miles de estudiantes universitarios marcharon por calles de Puebla para repudiar el crimen de Mara Fernanda Castilla Miranda y exigir al gobierno federal que reconsidere la citada Declaratoria. La marcha partió desde las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), donde estudiaba la joven asesinada el viernes 8.
Para el 26 de septiembre, senadores del PRI y de Morena demandaron a las autoridades correspondientes la emisión de la Declaratoria en el estado.
La noche del 30 de septiembre, Mariana Fuentes Soto, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue asesinada de un disparo en la cabeza durante un presunto asalto ocurrido en la colonia Reforma Agua Azul.
El 12 de octubre, pese a los insistentes reclamos de instituciones académicas y de organizaciones no gubernamentales, la Conavim emitió solamente y por tercera ocasión recomendaciones al gobierno de Puebla.
Fuente: Proceso