Ciudad de México.- México, sacudido por una alta ola de violencia ligada al crimen organizado, tuvo 2.156 homicidios en enero de 2018 tras haber registrado un récord de asesinatos en 2017, según cifras oficiales divulgadas este miércoles.
El dato de las investigaciones iniciadas por homicidio es superior en 13,7% al del mismo mes del año pasado, según las cifras que divulga el ministerio del Interior (Gobernación) bajo una nueva metodología con la que busca hacerlos más precisos.
En el periodo, los estados de Colima y Guerrero, ambos en la costa del Pacífico, tuvieron las tasas más altas de homicidio por cada 100.000 habitantes, con 7.37 y 5.63.
También el estado de Baja California Sur, en el noroeste del país,y en donde se ubica el balneario de Los Cabos, muy visitado por turistas extranjeros, tuvo una tasa de 4.20 homicidios por cada 100.000 habitantes.
México cerró 2017 con 25.339 homicidios dolosos, la cifra más alta desde que iniciaron los registros a nivel nacional en 1997.
El país vive una ola de violencia ligada al crimen organizado que ha dejado más de 200.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas.
Esa cifra no detalla cuántas de esas muertes están ligadas al crimen organizado, sin embargo, especialistas señalan que es la mayoría dado que se registran en estados donde operan los cárteles, como Guerrero.
En los últimos meses, estados que eran ajenos a la violencia como Baja California Sur y Colima comenzaron a verse sacudidos por ataques.
Algunos expertos en narcotráfico atribuyen este recrudecimiento al surgimiento de numerosas células criminales autónomas tras la captura de varios jefes de los cárteles.
También señalan la diversificación del delito, pues las bandas criminales ahora lo mismo trafican con gasolina robada que extorsionan a comerciantes o secuestran o trafican con personas.
En medio de este recrudecimiento de la violencia, en diciembre pasado, el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados aprobaron en el Congreso una polémica ley de seguridad que según sus críticos conduciría a la militarización del país cuando, advierten, la estrategia militar antidrogas no habría dado los frutos esperados.
Una alcaldía del estado de Puebla, legisladores opositores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (defensoría) han presentado controversias de inconstitucionalidad contra esta ley ante la Suprema Corte.
Fuente: El Economista