Comunicado
Coatzacoalcos, Ver.- Alcaldes del sur de Veracruz exigimos la renuncia del Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, considerando que los actos de violencia, los delitos de alto impacto, los del fueron común, así como la inseguridad en el estado tienen su origen en la nula, y en ocasiones elitista, procuración de justicia que existe en la entidad.
Como titulares de los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan, Agua Dulce y Moloacán, somos los principales receptores de las quejas, las demandas ciudadanas, de atención a las víctimas y los deudos de la delincuencia, en todas su lamentables clasificaciones.
Tan sólo en Coatzacoalcos están documentadas -hasta ayer- 138 ejecuciones, las víctimas han sido 122 y 16 mujeres, en muchos de estos casos se desconocen las causas de sus muertes.
Los ediles, Víctor Carranza Rosado, Nicolás Reyes Álvarez, Lucas Martínez Torres, Sergio Guzmán Ricárdez y Victoria Rasgado Pérez, afirmamos durante la gestión de Winckler Ortiz, como responsable de la procuración de justicia, ha sido nula la respuesta a las peticiones de reinstalar las fiscalías en los municipios, considerando que la reducción de estas oficinas representaba un “ahorro” para la dependencia que él representa.
Sin embargo, el supuesto ahorro no se ha reflejado en la ciudadanía, las quejas continúan y la cifra de delitos que no se denuncian por no tener acceso a las oficinas de los fiscales cada vez es mayor, tal es el caso de los últimos tres municipios mencionados con anterioridad.
Con esto, es necesario recordar que fue la misma Fiscalía General del Estado quien violó el derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia, considerándose que cada vez es más difícil para las víctimas instaurar una denuncia.
Las víctimas que han sido atendidas por los municipios en diversas ocasiones han señalado que para que se “investigue” o se le de entrada a las denuncias, se requiere de dinero para poder “avanzar”.
No es secreto que las policías ministeriales no cuentan con los recursos necesarios para realizar las labores correspondientes, y tampoco basta con que sea víctima de un delito, muchas veces tiene que pagar recursos para ser atendidos.
En muchas oficinas de la FGE los empleados, abogados o incluso las víctimas de delitos aportan para insumos como tinta para impresoras o hojas blancas para ir integrando los expedientes.
Es penoso enumerar la cantidad de desaciertos y actos de corrupción en los que se ha involucrado Winckler Ortíz, de tal manera que nuestra exigencia espera tener pronto eco en las autoridades correspondientes para que el Fiscal abandone el cargo, por dignidad y por respeto a las víctimas, pero sobre todo porque sus resultados y su forma de trabajar no coinciden con el cambio que demandamos los veracruzanos.