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10 de Junio de 2025.- Por unanimidad de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó la reforma al Artículo 5 de la Constitución Política del estado, propuesta por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, con lo que ajusta el contenido de la citada norma a lo dispuesto en la Constitución federal y con ello se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación y del Estado, garantizándoles diversos derechos.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, instancias dictaminadoras, consideraron procedente la realización de un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuadas a estos pueblos y comunidades.

Este proceso de consulta tuvo la intervención y participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz (CEDHV), la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (Aveli), del Instituto Veracruzana de Asuntos Indígenas (Ivais), de la Secretaría de Cultura (Secver) y de la Secretaría Gobierno (Segob), ambas del Gobierno del Estado, y se realizó en seis sedes regionales: Benito Juárez, Tantoyuca, Papantla, Tequila, Playa Vicente y Mecayapan.

En el proceso se tomó en consideración la autoadscripción y el listado de las comunidades del estado de Veracruz registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en el que existen dos mil 486 comunidades que se autoadscriben como indígenas, distribuidas en 106 municipios, y 98 como afromexicanas, establecidas en 13 municipios de la entidad, las cuales constituyeron la base de sujetos consultados.

Respecto del contenido de la modificación, se establece el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo cual implica que tendrán libre determinación y autonomía; ello permitirá que administren directamente su propio presupuesto, que les será otorgado por el Estado y los ayuntamientos. Además, decidirán su forma interna de gobierno, convivencia y organización, con lo cual podrán crear sus propias normas para resolver conflictos internos.

Además, los pueblos y comunidades referidos podrán elegir a sus autoridades o representantes para ejercer su forma de gobierno interno, siempre que en la creación de normas, como en la elección de autoridades y solución de conflictos, se respeten la Constitución, las leyes y los derechos de las mujeres. Se garantizará el acceso pleno a la jurisdicción estatal con asistencia de intérpretes, defensores y peritos especializados en derechos indígenas.

En cuanto al patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual colectiva, los pueblos y comunidades indígenas podrán protegerlos, preservarlos y desarrollarlos.

Con respecto al desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria, lograrán ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización económica, social y cultural, priorizando el respeto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales.

Sobre la participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión del Estado y municipios, en los municipios con población indígena podrán elegirse representantes en los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad.

Podrán conservar y mejorar el hábitat y la integridad de sus tierras, incluidos sus lugares sagrados declarados por la autoridad competente; a su vez, que podrán acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, respetando lo establecido por Constitución federal.

Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas siempre tendrán que ser consultados sobre cualquier ley o medida administrativa que pueda causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas.

Asimismo, se establecen derechos en favor de las mujeres, la niñez, la adolescencia y la juventud, indígenas y afromexicanas; se fortalece la educación comunitaria, indígena e intercultural; se asegurará el acceso a los servicios de salud, promoviendo la medicina tradicional; se contempla la creación de políticas públicas para proteger a las personas indígenas migrantes y se extenderá la red de comunicaciones que permita a las comunidades estar siempre comunicadas.

Participación de diputadas y diputados

Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dulce María Hernández Tepole puntualizó que la presente reforma no es un solo ajuste, sino una declaración de voluntad, una rectificación de rumbo y una reivindicación de dignidad, lo cual, dijo, representa un paso firme hacia el reconocimiento de los derechos de pueblos originarios y afrodescendientes. Asimismo, externó su reconocimiento a los gobiernos de México y de Veracruz por la labor en la materia.

El diputado Urbano Bautista Martínez, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que “hoy las cosas cambian y para bien, ya que el reconocimiento constitucional como sujetos de derecho no es un favor, sino una deuda para quienes son la raíz fundamental de quienes somos”. Añadió que los pueblos originarios piden respeto, voz y ser reconocidos.

En nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez manifestó el voto a favor del dictamen, toda vez que, indicó, es una reforma que empodera a las comunidades indígenas y que promueve el uso y la preservación de las lenguas, además de elevar a rango constitucional la consulta indígena y la existencia de intérpretes.

La legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), expresó que con esta reforma se reconocerá a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento, agregó, les dotará de capacidad jurídica para ejercer sus derechos y hacer valer sus decisiones, elegir a sus autoridades y realizar actos con valor jurídico.

A su vez, la diputada María Elena Córdova Molina, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), manifestó su respaldo al dictamen y confió en que el Estado ejecutará adecuadamente la reforma constitucional. Dejó en claro que “somos congruentes con los pueblos y comunidades indígenas y nos interesa promover medidas que conlleven soluciones a sus necesidades”. Además, se pronunció por trabajar para garantizar salud, vivienda y agua en las comunidades indígenas.

En la discusión en lo general participaron el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y la legisladora Miriam García Guzmán, quienes expresaron sus posturas a favor.