José Vargas | Agencia Informativa Alor Noticias
Texistepec, Veracruz.- Un juez de control del distrito judicial de Jáltipan ha imputado a once individuos por su presunta participación en los delitos de terrorismo y lesiones dolosas calificadas, derivados de un ataque armado ocurrido el pasado 3 de mayo en una unidad minera ubicada en el camino Texistepec-Jáltipan.
Según las autoridades, los imputados identificados como Armando Martín “N”, Litzy Guadalupe “N”, Arturo “N”, Richard “N”, Jacinto “N”, Antonio “N”, Sergio Gustavo “N”, César Alexis “N”, Yahir “N”, Miguel Ángel “N” y Edgar “N” y/o Eduardo “N”—habrían ingresado a las instalaciones de la mina portando armas de fuego, con las cuales lesionaron a tres personas. Posteriormente, realizaron actos que generaron alarma y terror entre los presentes, perturbando la paz pública.
Recordemos que durante este violento evento en la unidad minera de Texistepec, una persona perdió la vida, lo que aumentó la gravedad de los hechos.
Las víctimas sobrevivientes, cuyas identidades se mantienen reservadas por razones de seguridad, recibieron atención médica inmediata y se encuentran en proceso de recuperación.
El juez dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los once imputados, quienes enfrentarán el proceso penal 40/2025. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
En México, el delito de terrorismo está tipificado en el artículo 139 del Código Penal Federal. Este establece que se impondrá una pena de prisión de quince a cuarenta años y una multa de 400 a 1,200 días de salario mínimo a quien, utilizando medios violentos como armas de fuego, explosivos o sustancias tóxicas, realice actos que produzcan alarma, temor o terror en la población, con el propósito de atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
Aunque el delito de terrorismo es grave y conlleva penas severas, su aplicación ha sido relativamente limitada en el país. Entre 2006 y 2020, la entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) abrió 265 investigaciones relacionadas con terrorismo y su financiamiento.
En el estado de Veracruz, este caso representa uno de los pocos en los que se ha imputado formalmente a individuos por terrorismo, marcando un precedente en la región.
Las autoridades estatales han reforzado la seguridad en la zona sur de Veracruz, especialmente en áreas cercanas a instalaciones estratégicas como minas y plantas industriales. Se ha instado a la población a mantener la calma y colaborar con las investigaciones, reportando cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.