Xalapa, Veracruz., 6 de Diciembre de 2019.- Para favorecer a los grupos más vulnerables de la sociedad veracruzana que intervengan en juicios del orden familiar, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos propuso que los peritos terceros en discordia sean aportados por la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado o del DIF estatal, sin costo alguno para las partes.
Mediante una Iniciativa de adición al artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles, el Presidente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, aclaró que este planteamiento lo promoverá el Juez cuando, estén de por medio los intereses alimentarios, bienes matrimoniales o indemnizatorios por divorcio de mujeres en vulnerabilidad, personas con discapacidad natural y legal, personas con discapacidad para el trabajo o adultos mayores de 65 años.
Durante la Quinta Sesión Ordinaria, Vargas Barrientos explicó que estos grupos sociales acuden a las instancias jurisdiccionales sin tener los medios económicos suficientes para pagar los gastos que ello implica, por lo que hay que generarles las condiciones de equidad e inclusión en los litigios del orden familiar.
“Desde un punto de vista, en el actual marco legal pareciera justo que los honorarios del perito tercero en discordia sean pagados en la misma proporción por los contendientes del juicio; sin embargo, la realidad es otra, pues siempre ha dado lugar a actos de violencia económica para quien menos tiene dinero”, argumentó el legislador de MORENA.
Dentro del planteamiento propuesto, el diputado también incluye que, en dado caso de que la Dirección General de Servicios Periciales o el Sistema DIF informan que no cuenten con un perito en la materia requerida, el Juez solicitará a la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos del Consejo de la Judicatura que designe uno, cuyos honorarios serán pagados por el propio Consejo, de acuerdo a la Ley 259, que establece el arancel de cobro para estos profesionistas.
“Entonces, con el ánimo de evitar abusos y prevenir malas prácticas que puedan perjudicar a grupos en situación de vulnerabilidad como los que se mencionan en la Iniciativa, se propone que los peritos terceros sean designados oficialmente y, por lo tanto, sus honorarios ya no serán pagados por las partes, combatiéndose también con ello, el posible hecho de que se beneficie, con el dictamen que emitan, a quien pague más o les satisfaga sus exigencias”, finalizó el legislador.
Esta Iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.