Ambas son concebidas desde dos dimensiones: como elemento de protección de los derechos humanos que coadyuva con instancias estatales y municipales y también una estrategia específica encaminada a cumplir los objetivos de la agenda nacional de combate a la violencia feminicida, explicó la coordinadora de Políticas Públicas para Erradicación de la Violencia de la CONAVIM, Sayda Yadira Blanco Morfín.
“Los objetivos específicos son establecer la coordinación institucional entre Federación, estados y municipios, dar cumplimiento a las medidas y principios de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, garantizar el acceso a la justicia y atención integral a las mujeres, así como el derecho a ser buscadas y a la verdad”.
Durante la asamblea, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, coincidieron con la comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna, en que el mecanismo establecido no es otro eslabón burocrático, sino que “se trata de dar respuesta concreta, atención y seguimiento a casos específicos y a las víctimas”.
“No es sólo generar políticas públicas o hacer diagnósticos, que ya tenemos muchos; más bien, sumar capacidades y esfuerzos de las instituciones del Estado mexicano con la sociedad para encarar uno de los problemas más lacerantes”, declaró el servidor federal.
Por su parte, el Ejecutivo destacó las circunstancias en las cuales quedan constituidas las mesas, como que el Poder Legislativo recientemente suprimió 11 años de cárcel a mujeres que aborten, y reiteró su participación activa en la coordinación, pues “vamos a entrarle todos juntos, compartamos información, estrategias, acciones y atendamos la problemática”.
Como muestra de que sí es posible lograr buenos resultados, aludió a la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ), donde la Fiscalía General del Estado y los poderes Ejecutivo y Judicial están procurando la justicia; incluso la entidad es ejemplo nacional en ello.
Al respecto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman Zylbermann, expresó su reconcomiendo al Ejecutivo y Legislativo por avanzar en favor de este sector despenalizando el aborto hasta la doceava semana de gestación; Veracruz es con esto el cuarto de 32 estados en reconocer tal derecho.
“A 20 años de la creación de INMUJERES, en este Gobierno de la Cuarta Transformación sigamos creando las condiciones a fin de que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia, por eso estamos cambiando las políticas públicas. Vamos juntando temas, esfuerzos y busquemos las posibilidades de realmente darle a las mujeres, niñas y adolescentes las perspectivas de desarrollo individual y comunitario”.
En su intervención el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, enfatizó que Veracruz sigue siendo factor de cambio y con esta iniciativa queda situado como referente nacional por ser el primero en instalar las mesas de coordinación para atender la violencia hacia las mujeres y desapariciones.
También estuvieron presentes, del Gobierno Federal: la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano; la coordinadora de Atención y Seguimiento de Alertas de Violencia de Género de la CONAVIM, Janik Erandi Equihua Equihua; la directora general de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Sonja Perkic-Krempl; la comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de México, María Sol Berenice Salgado Ambros, y la secretaria general del Consejo Nacional De Población (CONAPO), Gabriela Rodríguez Ramírez.
Por parte del Gobierno Estatal: el asesor del Gobernador, Arturo Márquez Murrieta; la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), Lorena del Carmen Mendoza Sánchez; las encargadas de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBV) y de la Dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Brenda Cerón Chagoya y María del Rocío Villafuerte Martínez, respectivamente.
De los poderes Judicial y Legislativo, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz; la presidenta de la Mesa Directiva del Congres del Estado, Adriana Paola Linares Capitanachi, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.
Por la Fiscalía General de Estado (FGE), la titular, Verónica Hernández Giadáns; las fiscales de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta, y coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata Personas, Roberta Ayala Luna.